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“Debemos cambiar el paradigma de discusión que intentan restablecer los retirados en las Fuerzas Armadas. La repolitización, especialmente del Ejército, a la que lo sometieron (el extinto jefe del arma, general Ricardo) Brinzoni, y su segundo, (el general Manuel) Reimundes, con la venia de los ex ministros de Defensa (Ricardo) López Murphy y (Horacio) Jaunarena, fue un retroceso nefasto. Hay que tener Fuerzas Armadas profesionales, efectivas, bien pagas y con objetivos claros, que aporten al país e incluso ganen prestigio en misiones internacionales. Para eso, vamos a modificar los planes de estudio y reglamentar la Ley de Defensa. El resto, las penas por crímenes de lesa humanidad, serán resueltas por la Justicia.” Quien así habló ante Página/12 es uno de los consejeros habituales del presidente Néstor Kirchner en la materia. La tarea a la que se está dando el Ministerio de Defensa al respecto no es menor, ya que los gobiernos democráticos evitaron la reglamentación de la ley mencionada durante 18 años. El paradigma al que hace referencia la fuente consultada es antitético a la ingente actividad y discursos de retirados y un grupúsculo de militares en funciones, dispuestos a generar ruido político con una cantinela arcaica, gastada, sin consenso social y reivindicatoria del terrorismo de Estado.

Fue el propio Presidente quien anunció, el jueves pasado, en la cena de camaradería de las FF.AA., la modificación de los programas educativos militares. También fue él quien, en aquel infausto Día del Ejército, el 29 de mayo pasado –cuando un grupete de oficiales de bajo rango dieron la espalda y hasta se marcharon en medio del discurso presidencial, mientras Cecilia Pando, ábside de la avanzada reivindicatoria de la guerra sucia, vociferaba con una piara de corifeos juntados para la ocasión–, había anunciado la reglamentación de la Ley de Defensa, postergada desde hace 18 años por todos los sucesivos gobiernos democráticos.

Antes del discurso presidencial, algunos medios nacionales presentaron la reglamentación de la ley como un recorte de poder a las Fuerzas Armadas. Contrariamente, según explicó Horacio Verbitsky en la edición del 4 de junio de este diario, tal reglamentación “tiende a liberarlas (a las FF.AA.) de funciones impropias para que puedan concentrarse en su misión específica como instrumento militar de la defensa nacional, dedicadas a alistar, adiestrar y sostener los medios que el Estado pone a su disposición, y realza el papel y el poder del Estado Mayor Conjunto”. Según el proyecto, el Estado Mayor Conjunto tendrá la responsabilidad de fijar doctrina, planeamiento y estrategia militar de las tres fuerzas en forma coordinada, a los efectos, además, de integrar y normalizar las reglas, procedimientos, funciones, servicios y actividades, como ocurre en las Fuerzas Armadas de los países más modernos y desarrollados. Todos los medios militares, el control funcional, el personal, quedarán a cargo del Estado Mayor Conjunto, siguiendo siempre los principios, normas y pautas dispuestas por el Ministerio de Defensa. Estas movidas imponen grandes cambios en la logística, el presupuesto y la distribución del personal de las Fuerzas Armadas; cambio que no impone disminuir su importancia ni el valor de su acción. Cuando se reglamente la Ley de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto seleccionará a la oficialidad de las distintas armas que integrará el organismo, por disposición del Ministerio de Defensa. Será dicha cartera la que establezca cuáles son las condiciones sine qua non para ocupar el cargo de jefe del EMG de cada una de las armas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea). Hay quien cree en el cenáculo del poder kirchnerista que algunos de los tres jefes actuales no formarán parte de la etapa que podría abrirse a fin de año.

Hay sectores del Gobierno, efectivamente, que consideran que la era Bendini está llegando a su fin. Un integrante del gabinete nacional reflexionó ante este diario de la siguiente manera: “Bendini habla de un supuesto ‘Ejército nacional’. Cita a Mosconi, a Savio, a Perón, a Valle. Suena muy lindo, pero lo único que hace, y no sé si se da cuenta, es mantener un nivel de politización que no debe existir en las Fuerzas Armadas profesionales. La triste historia de la Argentina demuestra que, cada vez que se intentó armar un ‘Ejército nacional’ también creció y se le opuso un ‘Ejército liberal’. Es una recurrencia nefasta. La política no debe entrar en los cuarteles”, categorizó.

Involuciones

Sin embargo, retirados y algunos activos, sumados a familiares de detenidos por gravísimas violaciones a los derechos humanos, mantienen sus actividades de agitación para crear una atmósfera política irreal, magnificada, en momentos en que han comenzado a concretarse los juicios orales por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

La semana pasada, en esta columna, se revelaron algunos informes con que cuenta el Gobierno al respecto, así como actividades y los nombres de algunos militares, en retiro y activos, que la administración sigue con cuidado. Ellos no son los únicos. La actividad de los dinosaurios ha renovado los bríos de muchos que habían permanecido con bajo perfil hasta el acto del 24 de mayo en la Plaza San Martín.

Uno de los personajes que se ha dado a la tarea militante, que el Gobierno también observa con cuidado –según se desprende de un informe al que tuvo acceso este diario–, es un viejo conocido defensor de la actuación militar procesista, el general de Brigada (R) Heriberto Justo Auel. En la Casa Rosada tienen varios trabajos que dan cuenta de su activismo y de su ideario, el paradigma que, según sostenía la fuente que abrió esta nota, intentará cambiar el Gobierno con las modificaciones mencionadas (ver aparte).

Naftalina

Dichas actividades (tanto las expuestas la semana pasada en esta columna como las que se relatan en nota aparte), que pretenden ser sólo un ejemplo de las acciones y pensamiento de este sector de la sociedad argentina, se vienen realizando desde hace bastante tiempo. Sólo la incorporación de algunos militares en actividad ha puesto al Gobierno en acción para evitar que este discurso antediluviano permee en la oficialidad más joven, amén de los familiares de militares acusados de violar los derechos humanos y a punto de ser juzgados por los tribunales orales.

La preocupación del Gobierno no excede los marcos de normalidad –”no hay que dar más por el pito de lo que el pito vale”, ninguneó ante este reportero un integrante del staff presidencial–, pero sigue atentamente las circunvoluciones jurásicas de estos sujetos. Entre otras cosas, el acto que realizarán el próximo 5 de octubre para conmemorar la defensa del Batallón de Infantería de Monte 29, de Formosa, atacado por los Montoneros en 1975. En el Gobierno están convencidos de que la manada jurásica reunirá todos sus mejores esfuerzos para “masificar” dicho evento, a efectos de generar un hecho político de magnificación de su representación.

Esta historia, está claro, no ha concluido.