La ministra de Justicia boliviana, Casimira Rodríguez Romero, es un ejemplo perfecto del cambio que significó la asunción del nuevo gobierno de Evo Morales. Es indígena, pobre y militante social. A los 13 años comenzó como trabajadora de hogar –no le gusta la denominación trabajadora doméstica porque domésticos son los animales, dice–. Fue la primera en organizar un sindicato de trabajadoras de hogar y, en 2003, con el MAS ya en el Congreso, logró la aprobación de una ley laboral para este sector. Hoy Casimira encabeza una de las reformas más importantes del gobierno de Morales en la Asamblea Constituyente: la reforma del Poder Judicial. “Hay que proponer una nueva mirada de justicia sin privilegios, que ya no sea indiferente a la gente que siempre fue postergada”, le explicó la ministra a Página/12. La funcionaria fue invitada a Buenos Aires por la Universidad Nacional de Tres de Febrero para explicar su proyecto de reforma judicial.

–¿Cómo evalúa su gestión hasta ahora?

–Cuesta todavía ordenarse, sin embargo, el trabajo ya arrancó. Cuesta afinar los planes estratégicos de trabajo, pero los problemas no esperan. Especialmente, las demandas de la población en el tema de la injusticia, las demandas de las comunidades; hay de toda índole. Creo que no hemos perdido el tiempo. Hay algunos avances como los espacios de justicia comunitaria y, especialmente en la difusión de nuestra propuesta para reformar el Poder Judicial.

–¿Qué es la justicia comunitaria?

–Son las justicias ancestrales, las prácticas en las diferentes comunidades de Bolivia, especialmente en nuestras comunidades mucho más originarias en donde se ha mantenido la justicia sin necesidad de normas escritas. Es una tradición que viene desde los antepasados. Por ejemplo, si alguien comete un delito, la misma comunidad delibera y sanciona. Las autoridades más adultas deciden de manera transparente. Muchas veces esta justicia fue sancionada por la justicia ordinaria. Lo importante es que estamos hablando de una justicia que no tiene cárcel, sino otras formas de castigo: trabajo, expulsión y a veces chicote (latigazos en quechua). Son castigos que se les dan delante de toda la comunidad para que todos los demás se enteren de quién es el que cometió un error, o golpeó a su madre.

–¿Cómo será la reforma que proponen?

–Es bastante complicada ya que proponemos la compatibilidad de la justicia comunitaria y la ordinaria. Esta última está caracterizada por profesionales muy capacitados, muy intelectuales, que son muy difícil de mover. Pero a pesar de toda esa formación, de toda su capitación, la justicia ordinaria requiere un abogado, papeles, jueces, fiscales, tiempos plazos; y finalmente, muchas veces no se resuelve, excepto que haya dinero para apurar un fallo. En cambio, la justicia comunitaria muchas veces se resuelve en dos o tres días, o en unas horas. También es mucho más transparente que la justicia ordinaria. Por eso, hay que compatibilizar las dos. El desafío es que la justicia no sea individual, sino que tenga una mirada más plural, en la que las dos justicias tengan el mismo valor. Esto es lo que se está proponiendo en la Asamblea Constituyente.

–¿Cuál fue la reacción de los funcionarios judiciales?

–Ultimamente, a través del código procesal penal en el país ya se ha está aplicando la justicia de oral, es decir, que una parte de los papeles se elimina y se está convocando a jueces ciudadanos. Entonces, de esta manera se aproxima a la justicia comunitaria. Hay algunos jueces que han comenzado a abrirse a esto pero nuestra propuesta es más que esto.

–¿Cree usted que será posible juzgar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia por la masacre de octubre de 2003?

–Lamentablemente todavía no se ha podido notificar el pedido de extradición (a Estados Unidos). Se debería haber hecho el mes pasado. Uno de los plazos ya se nos venció y nos queda, como última alternativa, hacerlo en octubre. Esto demuestra que no ha habido voluntad política para notificar –no estamos hablando todavía ni siquiera de la extradición en sí.

–¿Cómo piensa el gobierno atacar a esta falta de voluntad política de parte de la Justicia?

–Desde el Poder Judicial hay una resistencia a una reforma porque la mayoría tiene muchos años en su función. Para muchos significa cambiar de una Sala a otra; o de un edificio a otro. Las miradas son muy individuales. No se está mirando como una transformación que está viviendo nuestro país. Esa mirada tan colonialista, tan individualista, hace que sea muy difícil. Pero hay que seguir trabajando para que se pueda proponer una nueva mirada de justicia sin privilegios, que ya no sea indiferente a la gente que siempre fue postergada.

Reportaje: Laura Carpineta.